La Agencia de Recaudación y Control Aduanero llevó adelante una serie de 80 allanamientos en varias provincias para desbaratar a una asociación ilícita que se dedicaba a utilizar los datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA mediante un sistema diseñado para trabajadores del campo.
Las medidas fueron llevadas a cabo por el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N°2, y con la intervención de la Fiscalía en lo Penal Económico N°7 a cargo de Gabriela Ruiz Morales. En los operativos, de los que participó la Policía Federal, se detuvo a ocho personas, además del secuestro de maquinarias agrícolas, automotores, dispositivos electrónicos y valores.
Las tareas fueron desarrolladas por personal de ARCA y el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Ariel Gastón Bessone. La investigación se originó a partir de una denuncia formulada por el organismo recaudador sobre el accionar de una asociación ilícita dedicada al reclutamiento de personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social, con el propósito de simular la realización de actividades agrícolas y apropiarse de los reintegros previstos por el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
Según los elementos reunidos durante la pesquisa, los falsos productores inscriptos en el sistema carecían de capacidad económica, operativa y financiera para llevar adelante cualquier tipo de explotación agropecuaria. La maniobra se sostenía a través de un entramado organizado que incluía la apertura y administración de cuentas bancarias mediante tarjetas de débito controladas por los integrantes de la red. De esta forma, los fondos devueltos por el fisco terminaban en manos de quienes orquestaban el esquema y no en las de los supuestos trabajadores rurales.
El SISA es una plataforma creada con el objetivo de unificar los registros y regímenes informativos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y ARCA. Su función principal consiste en simplificar trámites, sistematizar la calificación de los actores del sector y mantener la capacidad de control fiscal sobre la producción y comercialización de granos, semillas en proceso de certificación —cereales y oleaginosas— y legumbres secas.
La inscripción en el sistema es obligatoria para productores, operadores que participen en la cadena de comercialización y propietarios, copropietarios, usufructuarios u ocupantes de inmuebles rurales explotados en todo el territorio nacional, siempre que en dichos predios se desarrolle la producción mencionada.
El beneficio central que la organización desarticulada explotaba es el Régimen Especial de Reintegro Sistémico del Impuesto al Valor Agregado, el principal mecanismo de devolución que ofrece el SISA. A través de este esquema, el organismo recaudador devuelve de manera automática en la CBU del productor un porcentaje —o la totalidad— de las retenciones de IVA practicadas al momento de la venta de granos o semillas.
La normativa vigente establece que la acreditación de los montos se realiza hasta el último día hábil administrativo del mes en que se presenta la declaración jurada de IVA correspondiente al período fiscal de la retención, lo que en la práctica se traduce en un plazo estimado de 45 días. Para que ARCA libere los fondos, el solicitante debe cumplir con requisitos estrictos: no registrar deudas líquidas y exigibles en materia impositiva, previsional o aduanera; contar con la Liquidación Primaria de Granos (LPG) correctamente confeccionada y vinculada a su correspondiente Certificación Primaria Electrónica; exteriorizar el impuesto en la declaración jurada mensual bajo la opción de operaciones primarias sujetas a reintegro; y tener registrada una clave bancaria propia en la plataforma del organismo.
