Hasta 12.000 ciudadanos norcoreanos que trabajan en una planta rusa de fabricación de drones son víctimas de "graves violaciones de derechos humanos y trata de personas", según un informe publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y el Instituto George W. Bush. El documento sitúa el foco en el complejo de Alabuga, en la localidad rusa de Yelabuga, república de Tartaristán, donde convergen los intereses de Rusia, Corea del Norte, China e Irán.
Según el informe, la invasión a gran escala de Ucrania lanzada por Rusia en febrero de 2022 generó una demanda de drones que Moscú no podía satisfacer por sí sola. La respuesta fue un acuerdo para fabricar en suelo ruso el modelo Shahed, de diseño iraní, lo que derivó en la creciente mano de obra que hoy sostiene la fábrica de Alabuga.
El informe de CSIS y el Instituto George W. Bush documenta que Corea del Norte obtiene ingresos quedándose con hasta el 90% de los salarios de sus propios trabajadores enviados a la planta rusa. El texto describe este esquema como "trabajo forzado" organizado mediante un acuerdo entre Estados.
El reporte señala que Rusia y Corea del Norte están desobedeciendo la Resolución 2397 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en diciembre de 2017, que exige a los Estados miembro repatriar a los trabajadores norcoreanos en un plazo de dos años. "El régimen norcoreano está vendiendo la mano de obra de sus ciudadanos en el marco de un acuerdo entre Estados, controlando si pueden salir del país y reteniendo la mayor parte de sus salarios", indica el documento.
De acuerdo con el informe, mientras Moscú obtiene más de 5.500 drones al mes para su guerra contra Ucrania, China se beneficia como el principal proveedor de componentes de doble uso, entre ellos baterías, componentes electrónicos internos, motores y sistemas de navegación.
Irán, por su parte, ha suministrado a Rusia drones Shahed, lo que ayudó a Moscú a producir variantes nacionales mejoradas, conocidas como Geran. El propio reporte del CSIS detalla que, entre marzo y mayo, Rusia disparó más de 200 drones diarios contra Ucrania, con un total que superó los 8.000 lanzamientos solo en mayo, fabricados en Alabuga con mano de obra sometida a trata.
Estos drones son utilizados, según el informe, de manera indiscriminada contra ciudades ucranianas y contra la red eléctrica, además de emplearse para atacar a soldados y civiles. El documento sostiene que los cuatro países, conocidos de manera colectiva como CRINK (China, Rusia, Irán y Corea del Norte), no mantienen una alianza formal, pero cada vez se habilitan más entre sí para evadir presiones internacionales, sostener conflictos y amenazar al mundo democrático.
El reporte elaborado por CSIS y el Instituto George W. Bush insta al Departamento de Estado de Estados Unidos a liderar esfuerzos para advertir a países del Sur Global sobre prácticas falsas de reclutamiento laboral que sostienen a la industria militar rusa. También pide al Departamento del Tesoro estadounidense perseguir y aplicar sanciones contra empresas fachada e instituciones educativas que habilitan la red de trata de personas.
El documento recomienda además que Estados Unidos, a través de la ONU, establezca un equipo multilateral para investigar el complejo de Alabuga y documentar los abusos ocurridos allí. Asimismo, llama a los aliados democráticos y a la comunidad internacional a visibilizar de forma pública y sostenida las acciones de los individuos, regímenes y empresas cómplices, con el fin de desalentar futuras asociaciones comerciales y vínculos diplomáticos con los países del bloque CRINK.
Por último, el informe recomienda aumentar la presión para que las empresas extranjeras que operan dentro de la zona económica especial de Yelabuga se retiren del lugar. El documento precisa que hay varias empresas europeas y al menos una empresa estadounidense con presencia en el complejo.
